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La Justicia reconoció al Estado como propietario de las tres mil hectáreas

La Justicia reconoció al Estado como propietario de las tres mil hectáreas

La Justicia provincial reconoció la potestad del Estado sobre terrenos ubicados dentro del polígono de las 3 mil hectáreas en la ciudad Capital, por lo que se avanzará rápidamente con el acuerdo alcanzado con la Nación para la ejecución de 540 lotes con servicios, que fueron anunciados días atrás por el presidente Alberto Fernández y el gobernador Ricardo Quintela. A partir de esta situación se presentó una denuncia en contra de particulares por la presunta comisión del delito de asociación ilícita. Pedirán a los damnificados en su buena fe que se sumen a las denuncias contra las ventas ilegales para que puedan recuperar su dinero.

 

En ese sentido, se conoció la resolución judicial que falla a favor del ministro de Vivienda, Tierras y Hábitat Social, Ariel Puy Soria, en la disputa por la propiedad de los terrenos ubicados en la zona Oeste de la Capital. 

Cabe recordar que grandes extensiones de tierra de la zona sudoeste de la ciudad, se han incluido en proyectos de urbanización, por parte del Ministerio que conduce Puy Soria y cuando el Estado, a través de la cartera de Vivienda, Tierras y Hábitat Social y las áreas dependientes, comenzaron a hacerse presente en estas tierras, se advirtió la presencia de particulares a través de actos muy recientes. 

A raíz de eso, el Estado, para hacer valer su título de propiedad sobre ese inmueble de 3.000 hectáreas, tomó una posición activa indagando quiénes eran particulares, fueron los actos que se llevaron a cabo a cabo y emprendió una sólida defensa de este del Estado. 

Este accionar originó que esos particulares, encabezados por Nicolás Herrera (alias el Curro), dieran inicio a acciones judiciales en contra del Ministro Puy Soria, quien aportó los datos necesarios para que la justicia determine que esas tierras pertenecen al Estado y no son de particulares . 

Posteriormente fue el propio titular de la cartera de Vivienda quien presentó una denuncia ante la Justicia por la posible comisión del delito de asociación ilícita en perjuicio del Estado y aportó las pruebas necesarias en ese sentido, las que están siendo analizadas por los magistrados a cargo de las actuaciones. 

Se presentaron pruebas, como imágenes satelitales donde se pudo comprobar todos los cambios que habían sufrido esa zona de La Rioja, que se puede ver que son barrios, y no había nada concreto de particulares. Luego, la justicia llevó adelante diligencias procesales, se hizo inspección ocular en la causa de referencia, donde, en presencia del juez, el secretario, peritos y personal afectado a la policía técnica judicial se pudo corroborar que no hay actos posesorios específicos materiales evidentes de particulares. 

En consecuencia, quedó plasmado en esa acta que no hubo actos relevantes de particulares que concretaran la posesión como exige la ley para ser considerado poseedor y actualmente dueño, que sea pacífica, pública, ininterrumpida por un plazo de 20 años.

Por otra parte se señaló que las personas que adquirieron tierras en ese polígono exijan la devolución de la inversión realizada o, caso contrario, realicen la denuncia correspondiente por posible comisión de estafa. En ese sentido, cabe aclarar que, si no hacen la denuncia, pasan de ser víctimas de estafa a tener algún tipo de colaboración con las personas que estuvieron vendiendo.

En este marco, el ministro Ariel Puy Soria recordó que la cartera que conduce cuenta con un plan de inversión en infraestructura importante, “que tiende a solucionar el déficit habitacional”, en ese perímetro “del cual el Estado riojano es propietario”. Indicó asimismo que hay convenios firmados entre el presidente Alberto Fernández y el gobernador Ricardo Quintela, para la ejecución de 540 lotes con servicios, en una primera etapa; luego, se proyecta la construcción de viviendas.

“Consideramos que el territorio en nuestra provincia es un bien social, que tiene que estar al servicio de la gente y no de unos pocos que se dedicaron a llegar adelante negocios inmobiliarios perjudicando y estafando a la gente”, enfatizó.

En cuanto a las pruebas presentadas, Puy Soria mencionó “el título de propiedad a nombre del Estado, la mensura del polígono de las 3.001 hectáreas, los actos de posesión que se vienen materializando en el lugar por parte del Estado, como las viviendas para 40 mil riojanos, la Universidad Nacional de La Rioja, el Parque de la Ciudad, numerosos establecimientos escolares, entre otros. “Está claro que el Estado siempre ejerció la posesión del inmueble”, subrayó. Así también, dio a conocer que denunció “la presunción de una verdadera organización delictiva, una asociación ilícita que se decida a estos negocios inmobiliarios”. 

Enfatizó también que “en la justicia civil hace más de 22 años que no hay sentencia referidas a esta porción del territorio que es de todos los riojanos, a través de un juicio que todavía no tiene sentencia. Debe ser el único caso del país”. Agregó que “esa llamativa demora de la justicia nos hace pensar que hay algunos funcionarios judiciales que están relacionados con este tipo de operatorias”. “Tenemos que emitir un fuerte mensaje a la sociedad de que los poderes públicos funcionan en el marco de un estado de derecho y por más influyentes que sean los actores que se dedican a estos negocios inmobiliarios, tiene que caerles todo el peso de la ley”, subrayó y planteó que “en tanto y en cuanto la función judicial no actúa, indudablemente vamos a estar todos bajo sospecha”.

El ministro celebró “este paso adelante del juez Ariel Bacco, quien dejó claramente establecido que no sólo no había usurpación de nuestro accionar, sino que tampoco hubo mal desempeño de las funciones o abuso de autoridad”. “Es un primer paso que dio la justicia, pero todavía faltan medidas judiciales complementarias para que se llegue a la verdad”, concluyó.

 

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