La Justicia Provincial, a través de un fallo de la Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, reivindicó la propiedad del Estado sobre el polígono de las 3 mil hectáreas, por lo que la provincia podrá disponer de esas tierras sin restricciones para avanzar en el fortalecimiento de las políticas habitacionales activas, con ordenamiento territorial urbano y el desarrollo del hábitat con la construcción de viviendas. En consecuencia, quedó en evidencia que no hubo actos relevantes de particulares que concretaran la posesión como exige la ley para ser considerado poseedor y actualmente dueño, que sea pacífica, pública, ininterrumpida por un plazo de 20 años.
