El ministro de Vivienda, Tierras y Hábitat Social, Ariel Puy Soria, presentó una denuncia penal y realizó el aporte de diferentes pruebas, en contra de tres personas de sexo femenino que ofrecían viviendas del Estado provincial a cambio de la suma de 1.100.000 pesos, por la posible comisión de los delitos de estafa y/o defraudaciones y de falsificación de documento público (artículos 172 y 292 del Código Penal).
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